LA FALTA DE CONTROL, AFECTA LA GESTIÓN

EDITORIAL

El último día de agosto se publicó un informe realizado por los investigadores del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), que revela problemas estructurales en la gestión de las pensiones no contributivas por invalidez

Por Walter R. Quinteros

Para entender esta situación, debemos remitirnos que entre 2000 y 2023, el número de pensiones pasó de 75 mil a 1,2 millones, lo que generó la necesidad de una auditoría masiva. Pero según el análisis difundido, se encuentran denuncias de corrupción y distintos focos de ineficacia en la administración en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). 

Como un llamativo ejemplo, destacan que la provincia de Chaco tiene 10 veces más pensiones por invalidez que la Ciudad de Buenos Aires. El informe señala que los problemas detectados se dan en las auditorías a personas con incapacidad superior al 66% y en situación de vulnerabilidad. Según IDESA, en Chaco hay 86 pensiones por invalidez cada 1.000 habitantes, mientras que en Salta, Tucumán y Catamarca la cifra es de 40 por 1.000, y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires apenas 8 por cada 1.000. Asimismo, agregan que en provincias del norte y noroeste, como Chaco, Santiago del Estero, Formosa, Misiones, Corrientes y La Rioja, existen más pensiones por invalidez que Certificados Únicos de Discapacidad (CUD).

Pero también es sabido que el plan de auditoría ejecutado por ANDIS para depurar el padrón de beneficiarios fue criticado desde su implementación. Para IDESA, "la ANDIS implementó el plan de auditoría utilizando instrumentos muy rudimentarios. Aparentemente se enviaron citaciones de manera masiva y sin un criterio estratégico para que los beneficiarios se presenten en oficinas públicas". El resultado fue un maltrato sistemático a personas con discapacidad, con largas esperas y suspensión arbitraria de beneficios.

Asimismo, el documento subraya que los problemas del sector público argentino tienen dos dimensiones: financiera y de gestión. Los déficits financieros, sostienen, pueden abordarse mediante medidas de ajuste presupuestario. Y la calidad de la gestión sigue siendo un desafío crucial, ya que sin fortalecer los equipos profesionales y los procesos internos, la eficiencia y la transparencia seguirán siendo deficitarias.

Y es a este punto es donde uno quiere llegar. Porque la corrupción y las malas prácticas administrativas impactan directamente en la percepción pública sobre la capacidad del Estado. Para IDESA, "el sector público es sumamente permeable a la corrupción y proclive al maltrato de los ciudadanos", y subraya que la solución no se reduce a recortes de presupuesto o eliminación de gastos innecesarios, sino que requiere innovación institucional y personal capacitado. Es en esta situación que se refleja la naturalización de la corrupción dentro del sector público y pone en evidencia la falta de controles efectivos sobre los recursos destinados a personas con discapacidad. Sin una gestión profesional y mecanismos de control robustos, se corre el riesgo de que la ciudadanía normalice la corrupción y perciba como inevitable que los recursos públicos se asignen de manera arbitraria. 

El informe concluye que el caso de ANDIS evidencia la necesidad de una política pública integral que combine un efectivo control fiscal, transparencia, y atención efectiva para así depurar con justeza tal padrón de beneficiarios.