PODER SIN PODER

OPINIÓN

Contaba con cuatro años cuando mi madre gastó su aguinaldo en regalarme un karting a pedal

Por Nicolás Lucca

Si sos menor de 40 años y no sabés de qué hablo, podés buscarlo. Cierta tarde de algún fin de semana me encontraba, a la hora de la siesta, en la puerta de la casa de mis abuelos con un amigo y su hermano mayor para turnarnos con el karting. En algún momento me habrán llamado para la merienda o algo así, y yo pedí que me devolvieran el karting porque tenía que entrar. El hermano mayor me metió un roscazo. Deduzco que no quiso devolverme el karting inmediatamente. Nuestros respectivos padres salieron a las puertas; el de él pidió disculpas y se lo llevó. Al nene, no al karting. Mi viejo hizo de cuenta que no pasó nada e ingresó conmigo.

El motivo de esta historia no es otro que el de responder a una pregunta básica: ¿cuál es el primer recuerdo de una injusticia luego satisfecha que alguien recuerda? Y siempre, siempre tiene que ver con alguna rencilla infantil. Por eso siempre hay que tomarse en serio cuando un niño se angustia por algo tan elemental como que le sacaron un juguete o no le quisieron prestar un lápiz. Lo que aprendan de nuestra acción es lo que sabrán hacer.

Uno de los valores primarios que existen en la civilización es el de justicia. Podemos hallarlo en cualquier registro que haya quedado de alguna civilización antigua, incluso si nos limitamos solo a nuestra historia occidental. Los antiguos egipcios tenían un complejo sistema estratificado con tribunales documentados en fechas tan antiguas como veintiséis siglos antes de Cristo. Se resolvían disputas civiles y criminales. No hay registros de un código de leyes, pero los investigadores sobreentienden que existía alguno por las referencias que se hacen a él en otros registros. De los siglos inmediatos posteriores datan los códigos de leyes más antiguos hallados, como el código de Urukagina, el de Ur-Nammu, el de Hammurabi y, varios siglos después, la Torá hebrea.

Aunque no existían conceptos como división de poderes y faltaban como tres milenios para que comenzáramos a jugar a que nos gobernamos a nosotros mismos a través de nuestros representantes, la mayoría de esas leyes tenían un mismo objetivo pretendido: reducir arbitrariedades. Lo que hoy podríamos calificar como dar previsibilidad.

Como este mundo está lleno de abogados, no pretendo en este texto meterme con la filosofía del Derecho ni hacer un racconto del surgimiento del Derecho Romano y su influencia en la actualidad, pero basta decir que siempre que hubo un grupo de personas, se tuvo que buscar una forma de resolver problemas que diera la sensación más cercana a justicia. Esta moneda tiene dos caras, lo cual indica que, si siempre hubo necesidad de fijar reglas, es porque está en nuestra naturaleza hacer lo que creamos correcto para nosotros sin considerar al otro, o porque siempre existieron amigos de lo ajeno o seres que no encajan en el consenso social establecido. Podría decirse que siempre que existió una forma de gobernar, sin importar el modelo adoptado, se buscó establecer un sistema de justicia. La forma adoptada para alcanzar el objetivo y cuáles son esos objetivos es lo que varía con el tiempo.

Cualquiera que haya leído un Código Penal en su vida habrá notado con pavor que muchas de las picardías que realizamos en la escuela secundaria están tipificadas como delitos. Sorprende cómo olvidamos la necesidad de que existan personas con autoridad para aplicar sanciones disciplinarias que, en la mayoría de los casos, no eran necesarias. La sola idea de que pudieran hacerlo bastó para que muchos se portaran bien, que no es otra cosa que respetar las reglas de convivencia de la institución.

Sé que el sistema de premios y castigos es una fantasía demodé en las sociedades modernas, pero soy de los que creen que todo ser humano con el cableado en orden puede discernir qué está bien y qué está mal. Por eso es que nos quejamos ante lo que percibimos como una injusticia o un atropello sobre nuestros derechos. Por eso es que puteamos a la Justicia cuando se comete una atrocidad. Porque, en algún lugar de nuestro inconsciente, subyace una idea de que las cosas deberían funcionar de determinada manera; o al menos funcionar.

Desde que tengo memoria, existen debates en torno a la Justicia que tienen que ver con la baja de la edad de imputabilidad, el endurecimiento de penas y la presión sobre los distintos poderes judiciales para que sean más rígidos en la morigeración de las penas de prisión. Hace ya unos cuantos años, surgió un nuevo debate en torno al fuero laboral y su participación en lo que ha sido dado en llamar “Industria del Juicio”. Y desde que tengo memoria, también se da cuenta de la pésima imagen que tiene “La Justicia” en la sociedad. Y es que mi memoria tiene grandes problemas de funcionamiento.

A diferencia de cualquier otra área del Estado, el Poder Judicial entra en escena cuando hay una mala noticia. Es su naturaleza; para eso fue creado: para subsanar injusticias, reparar daños y perjuicios, y sancionar penalmente. Nadie va a la mesa de entradas de ninguna dependencia judicial para celebrar una fiesta, y la única excepción que viene a mi mente es la de una adopción. El resto es un trabajo que se ejerce sobre cosas que no queremos que nos pasen.

Si partimos de esa base, es lógico que el Poder Judicial compita con los sindicatos por el último puesto de percepción positiva de instituciones en la Argentina. El mundo se divide entre los que sienten que fueron cagados por la Justicia y los que todavía no lo fueron. Es una sensación que alguien ilustrado en la materia no podría sostener con la mente fría, porque hablar de “la Justicia” en general es simplificar que el fallo de un juez no es vinculante al resto de todos los jueces de ese fuero en el que trabaja, de ese departamento judicial en el que se encuentra del Estado que representa. Y en la Argentina existen 25 estados representados con sus respectivos poderes judiciales: uno por cada provincia, uno por la ciudad autónoma de Buenos Aires y uno por el Estado nacional. Cada uno de estos poderes tiene su propia versión de la división de fueros judiciales entre civil, comercial, familia, penal, correccional, previsional y laboral, a los que se suman sus versiones federales. Y encima está estratificado con tribunales revisores compuestos por más jueces que son reexaminados por otros tribunales aún más superiores compuestos por más jueces.

Todo esto no resiste la mínima pregunta efectuada a cualquier ciudadano: ¿Cree que funciona la Justicia argentina?

Salvo quienes han tenido que tramitar una sucesión o un divorcio, la primera visita a una dependencia judicial que hará un ciudadano promedio será cuando sea víctima de la inseguridad. Y como los sistemas de instrucción judicial han cambiado en las últimas décadas, tenemos que hablar de la otra ventanilla de “la Justicia”, la que no depende del Poder Judicial: las fiscalías. Allí también tenemos un universo de fiscales, con jefes y más estratos superiores.

La otra percepción que tenemos de la Justicia, por fuera de la inseguridad, es la que tiene que ver con la investigación a la política. Nuestra visión popular de la justicia son los jueces federales de primera instancia y, si pinta, la Corte Suprema de Justicia. Y volvemos, entonces, a la pregunta básica: ¿Cree que funciona la Justicia argentina?

Me encuentro en un amplísimo círculo de personas que cree que no funciona, pero tengo un montón de peros. Y es que es difícil y, convengamos, bastante injusto calificar el funcionamiento de algo que no puede funcionar.

Ahora que estamos en tiempos de hablar de récords históricos, cabe recordar que llevamos la mayor cantidad de tiempo de nuestra historia con una composición de la Corte Suprema de tres miembros. ¿El récord anterior? Ayer. Cada día que pasa desde la jubilación de Highton en 2021 es un nuevo récord porque nunca tuvimos una corte de cuatro miembros. Y cada día transcurrido desde la jubilación de Maqueda establece un nuevo récord porque nunca tuvimos una Corte de tres miembros.

Otro récord difícil de alcanzar será el establecido por el Procurador General de la Nación cuando se solucione su interinato: también es el más largo de la historia para ese cargo. ¿El récord anterior? Ayer. Cada día que pasa desde la semana transcurrida tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó en 2017 es un nuevo récord histórico.

Y es aún más inexplicable esta situación porque el fiscal interino está de jefe de todos los fiscales de la Nación desde aquel día en pleno gobierno de Mauricio Macri. Luego vino la agencia de charlas motivadoras Fernández-Fernández y nadie se quejó del interinato. Van tres gobiernos distintos, por lo cual podríamos llegar a coincidir en que el actual procurador interino tiene cierto consenso político.

Pero no todo es Corte Suprema y Procuración General. Hay más de 300 cargos vacantes en el Poder Judicial de la Nación y no me refiero a empleados ni secretarios: jueces. Como hasta a mí me cuesta dimensionarlo, fui a consultar juzgado por juzgado, sala de cámara por sala de cámara, fuero por fuero. A la Cámara Civil Nacional le faltan once jueces. Los juzgados que revisan tienen 38 sillones vacíos. La versión federal del fuero necesita de 18 camaristas; tiene ocho. El 30% de sus juzgados están vacantes.

El fuero penal nacional es un sacrificio ritual institucional. Un tercio de la máxima autoridad penal del país se encuentra vacío. La cámara de apelaciones federal en lo criminal y su versión en lo penal económico también están en crisis de ausencias, al igual que los tribunales orales federales en lo penal económico, donde faltan siete jueces.

Los jueces más conocidos del país, los de los juzgados federales de Comodoro Py, tienen un faltante de un tercio. O sea, faltan cuatro jueces de los doce que deberían ser. Después nos sorprendemos cuando un juez concentra muchas causas. Que sea el mismo juez no quiere decir que sea el mismo juzgado, porque cuando un juzgado se encuentra acéfalo, la firma es subrogada por otro magistrado.

Al fuero contencioso administrativo, ese que cuesta definir pero que se dedica a revisar la viabilidad de medidas administrativas del gobierno, le faltan ocho jueces: cuatro de cámara y cuatro de primera instancia.

El asunto se pone peor cuando nos trasladamos al interior, donde los intereses del Estado Nacional son protegidos por los juzgados federales. Es bastante dispar la situación respecto de cada provincia, pero hay extremos como el Tribunal Oral Federal de Neuquén, que tiene a un solo juez designado; idéntica situación se repite en el Tribunal de Misiones. La ciudad de Bariloche no tiene juez federal, Viedma no tiene juez federal, Zapala no tiene juez federal. No es que no los necesiten: se crearon los juzgados, funcionan los juzgados, pero con la firma de otro juez que tiene que atender desde otra ciudad.

¿Recuerdan cuando explotó el caso de Elaskar, Fariña, La Rosadita y demás cosas? Había una pata del caso en Bahía Blanca, donde un tipo llamado Juan Suris terminó preso por narcotráfico. ¿Recuerdan el quilombo que se generó con el juez federal Alejandro Ramos Padilla? El hombre ni siquiera era juez de Bahía Blanca, era el titular del Juzgado Federal de Dolores, pero como el de Bahía Blanca estaba acéfalo, debía subrogar él a más de 500 kilómetros de distancia. Hoy el juzgado de Bahía Blanca tiene un titular, pero le falta una sala entera de la Cámara de Apelaciones. Y como Ramos Padilla ahora es el titular del Federal 1 de La Plata, el que quedó vacante es el juzgado de Dolores. Total ¿para qué necesitan un juez titular los municipios de Pinamar, Villa Gesell, Dolores, Tordillo, General Lavalle, Maipú, Ayacucho, Castelli, Chascomús, Pila, General Belgrano, General Madariaga y General Guido?

San Miguel de Tucumán se encuentra sin jueces federales de primera instancia designados. Y la tragedia institucional se repite en casi todas las provincias. Entre todas las instancias federales, en Mendoza faltan siete jueces, a Córdoba le sobran tres sillones en tres juzgados y otros tres en los tribunales orales.

Literalmente, no tomamos dimensión del descalabro judicial porque a nadie le importa, como la mayoría de los temas por los que nos matamos a diario. Hay un Juzgado Federal que lleva once años vacante. Once. Años. Más de una década. La Justicia Criminal de la Nación, los juzgados ordinarios, tiene seis vacantes en su Cámara de Apelaciones, 34 vacantes en los tribunales orales y 25 juzgados sin juez titular.

En medio de esta ensalada, me fui a chusmear cómo está de autopartes la Justicia Laboral, esa que la Nación quiere transferir a la Capital y que el Gobierno de la Ciudad dijo que acogería con muchísimo gusto: le faltan once camaristas y 38 jueces de primera instancia.

El Ministerio Público Fiscal, que depende de la Procuración General, no solo tiene un titular interino hace más de ocho años. La estructura es compleja y tenemos fiscalías ante los Juzgados Federales en todo el país. Arriba de ellos están las fiscalías generales ante las cámaras de apelaciones, las fiscalías generales ante los tribunales orales y las fiscalías generales ante Casación, a lo que hay que sumar las procuraciones especiales, las fiscalías abocadas a una tarea en particular. Hay un total de 367 cargos fiscales; 172 están vacantes.

¿Se entiende el descalabro institucional? Imaginemos que mañana tenemos 120 diputados nacionales y cuarenta senadores. Sí, entiendo que es un sueño húmedo en cualquier otro contexto, pero ¿cuánto imaginan que podría extenderse el vacío institucional? ¿Cinco minutos?

No podemos decir que no funciona bien algo que no puede funcionar. Puedo juzgar el andar de un automóvil si tiene las cuatro ruedas, un volante y un motor. ¿Cómo hago para debatir su funcionamiento si está parado sobre pilotes y tiene a un hámster debajo del capó?

Traigo este tema a colación porque estamos a semanas de que se inicie el período ordinario de sesiones legislativas y, en 2025, desde el Ejecutivo prometieron enviar pliegos de designación de jueces al Senado. Lo mismo se había anunciado en 2024. Según datos del Consejo de la Magistratura, a finales del año pasado el Ejecutivo tenía 191 pliegos de jueces. Esto quiere decir que se hicieron convocatorias, se tomaron exámenes, se realizaron entrevistas filtro y se elaboraron 191 rankings para enviar 191 pliegos con tres nombres cada uno para que el Ejecutivo pueda elegir a quién designa con acuerdo del Senado. Son casi 600 nombres en carpeta para achicar un poco el nivel de vacancia, que llega a cerca del 35% de los cargos del Poder Judicial.

En este mes de febrero, cumplió 75 años la Defensora General de la Nación y, salvo excepción que otorgue el Senado, habrá otra flor de vacante para cubrir. Y así, entre jueces, fiscales y defensores oficiales, las ausencias llegan a medio millar de cargos en uno de los tres poderes en los que se basa la supuesta república que habitamos. Porque, salvo que no me haya enterado, la Argentina todavía conserva un sistema de gobierno republicano con división de poderes en el cual los tres tienen idéntica importancia, autonomía, autarquía, interdependencia y control.

¿Por qué se produjeron tantas vacantes? Desde que la magistratura no es un cargo vitalicio y tiene un tope a los 75 años, hay una rotación permanente todos los años. Por poner un ejemplo, Mauricio Macri ha tenido un promedio de 67 renuncias al año, pero designó un promedio de 67 jueces. Algunos años fueron más, otros menos, pero el promedio quedó parejito. Néstor Kirchner tuvo más renuncias que nombramientos, pero lo compensó su esposa con más nombramientos que renuncias. Desde hace unos años, con los cambios previsionales en vista, muchos jueces decidieron no apostar la suerte de una jubilación preciosa y, al estar en condiciones de jubilarse, iniciaron los trámites. Pero en los últimos dos años no se designó a un solo juez. Es lógico que el vacío se haga enorme.

Difícilmente pueda tratarse de una falta de pulso político, al menos no en todos los cargos del interior del país, donde los gobernadores estarían chochos con darle el visto bueno a la designación del juez federal de su provincia y así tener un favor enorme a crédito. En Comodoro Py, en cambio, es otro cantar. Ahí toda negociación es jodida.

El tema es que, a medida que pasan los años, son cada vez más los puestos a ocupar y nadie querría tener al 70 u 80% de los jueces y fiscales con una deuda con el Presidente que los puso en su cargo. Entonces, espero que todos los actores involucrados, entre funcionarios y legisladores, tomen este tema con la seriedad que amerita a partir del mes que viene. Con el espíritu de Adam Smith en la sala, espero que realmente lo hagan aunque sea por egoísmo: es su culo el que está en juego junto con el nuestro.

Relato del PRESENTE