QUE SE CUIDE LA PAYASA FILOMENA

OPINIÓN

En España, un caso de coimas con barbijos en la pandemia ya tiene a un ministro con 24 años de cárcel; en Argentina, el caso de las vacunas avanza lento y nadie cree que alguien vaya a pagar

Por Osvaldo Bazán

Perdón, Pedro Sánchez.

Perdón, PSOE.

Perdón, José Luis Zapatero.

Hace tres años que sigo día a día al dedillo la actualidad política española.

Sé cómo son cada una de las tramas de corrupción desde los negociados de Zapatero como intermediario entre las dictaduras venezolana y la china hasta los chanchullos de Begoña, la esposa del presidente, tanto en ámbitos académicos como empresariales; desde el cargo inventado al hermano del presidente que no supo decir dónde quedaba su oficina ni a qué se dedicaba hasta las chicas de catálogo que el segundo de Sánchez metía en cada organismo estatal, después de calificarlas con frases como “la Carlota se enrolla que te cagas”.

Sé todo eso.

Sigo día a día cada una de esas historias como quien ve una serie de Netflix que no termina, que suma subtramas, personajes y enredos para hacer una nueva temporada.

Digo que es aprendizaje periodístico y curiosidad sociológica aunque debería confesar que también, un poco, es pérdida de tiempo y simple diversión.

Me he reído con cada una de las anécdotas tercermundistas, viéndolos tan parecidos a nuestros personajones patrios; observando cómo el PSOE se fue convirtiendo en el peronismo tan rápidamente; encontrando cada día un nuevo punto en común, que me he perdido lo más importante y hoy debo confesarlo.

Lo crucial no son las similitudes.

Las diferencias, eso es lo más importante.

Viendo España pude entender todo lo que Argentina naturalizó como “siga, siga”.

Viendo España entendí que ¡ESTO NO ES NORMAL!

Sintetizar todo el caos de corrupción del Gobierno español de los últimos años es algo que escapa a este newsletter, que si lo hago sería un libro y para eso está el de Ketty Garat que es best seller allá y que así y todo no alcanza a cubrir todos los desaguisados.

Voy a hablar de un solo caso, de lo que pasó allá y lo que no pasó acá.

En marzo del 2020, el Ministerio de Transporte dirigido por José Luis Ábalos (hombre clave del entorno de Pedro Sánchez, pero clave, clave, eh, responsable de la estructura orgánica, la organización interna, las federaciones territoriales, la afiliación, la logística electoral y gran parte del poder real del partido como secretario de Organización del PSOE), sigo, don Ábalos compró en la pandemia barbijos (ellos dicen “mascarillas”) por 32,5 millones de euros.

Las compras fueron hechas a dos empresas de Víctor de Aldama.

Koldo García, secretario y hombre de confianza del ministro Ábalos fue el intermediario de la compra.

Las investigaciones demostraron que hubo coimas para que las empresas de Aldama consiguieran esos contratos. La plata de la coima la cobró Koldo (por eso en general se llama “caso Koldo”) y se la repartió con Ábalos.

El lunes pasado, a Ábalos y a Koldo (que ya estaban en la cárcel) los sentenciaron. Al secretario Koldo le tocaron 19 años y a Ábalos, el ministro, 24. Aldama “salió de rositas” (como dicen los españoles al hecho de que zafó) y se fue a su casa, porque colaboró con la justicia y cantó La traviata, Pagliacci y Aida todas juntas.

Todo ocurrió bajo la presidencia de Pedro Sánchez.

El delito, el descubrimiento del delito, la sentencia del delito.

Y nada de joda, 24 años por la cabeza al ministro, que además puede esperar más penas porque está en otros quilombos. Ministro que era la persona más cercana al presidente. Como si acá fuera la hermanísima.

Esa es la España corrupta.

¿Revisamos lo que pasó en Argentina en más o menos los mismos casos?

Acá hay dos causas importantes por lo ocurrido con el covid: el vacunatorio vip y la supuesta compra irregular de vacunas más la demora con la vacuna Pfizer.

En el primer caso se investiga la aplicación irregular de vacunas a personas sin prioridad (políticos, empresarios, familiares, sindicalistas, periodistas) en el Ministerio de Salud y el Hospital Posadas durante la gestión de Ginés González García. La jueza es María Eugenia Capuchetti; el fiscal, Eduardo Taiano.

En su momento, Ginés González García fue procesado por abuso de autoridad y peculado. La Cámara Federal confirmó el procesamiento en octubre de 2024. Murió días después, así que muerto el perro… se salvó el ministro.

En abril de este año la causa fue elevada a juicio oral y están imputados Marcelo Ariel Guille (secretario privado / jefe de gabinete de Ginés), Alejandro Salvador Costa (exsubsecretario de Estrategias Sanitarias) y Alejandro Alberto Maceira (exdirector del Hospital Posadas).

¿Cuándo será el juicio?

El 24 de coso del mes coso del año coso.

La curiosidad es que aquellos que recibieron la vacuna no están ni procesados, ni indagados, ni imputados ni nada, desde Verbitsky a Taiana; desde el matrimonio Duhalde, sus hijas y el secretario al actual libertario Daniel Scioli; el siempre presente dueño del Hermitage y el diario La Capital de Mar del Plata, Florencio Aldrey Iglesias, y sus tres sobrinas, en fin, la flor y nata de la casta que cruza todas las épocas argentinas.

O sea, los tipos consiguieron que les pusieran la vacuna antes que nadie con millones de argentinos encerrados, tristes, enfermos, enloquecidos, empobrecidos y nada, lo más pancho por ahí, andan por la calle como si fueran uno de nosotros.

Bueno, no andan por la calle.

El otro caso es más interesante aún.

En agosto del 2020 Pfizer ofreció, a buen precio, 13 millones de dosis de la vacuna. Había en ese momento entre 6.000 y 8.500 muertos por covid en Argentina.

Sin embargo, increíblemente, Argentina decidió que no las quería. Comenzó a comprar vacunas recién en noviembre del 2020, cuando ya había 44.232 muertes acumuladas.

El 9 de diciembre del 2020, Argentina compró a Rusia 30 millones de una vacuna que no había sido testeada lo suficiente, la Sputnik. El precio total era de 295,8 millones de dólares. Cada dosis de la vacuna (eran dos) le costó al país 9,95 dólares, o sea, 19,90 por persona. Las vacunas fueron llegando a cuentagotas; en los primeros meses, sólo 300.000 (eran dos dosis). De los 30 millones sólo se entregaron 21 millones (14,7 millones importadas de Rusia, las demás producidas en Argentina por Richmond).

Todo es tan opaco que no se sabe cuánto se pagó, se supone que entre 120 y 150 millones de dólares y tampoco se sabe qué pasa con los millones de vacunas que no se entregaron, que quedaron sujetas a requerimiento, o sea, coso.

Pero si esto es escandaloso, esperá que revisamos (porque sabíamos todo esto, pero nos olvidamos) lo que pasó con AstraZeneca.

El 6 de noviembre del 2020 el Gobierno compró a AstraZeneca 22.429.842 dosis de la vacuna, a 4 dólares por dosis (8 dólares por persona, la mitad que la Sputnik) pagando un total de 92 millones de dólares (se suman gastos de logística).

Ahora bien, ¿cuántas vacunas llegaron de esas 22.500.000?

Prácticamente, ninguna.

Las AstraZeneca que llegaron al país fue por otras vías, no por este contrato, del que se pagó (pagaste) 53,8 millones de dólares.

Pero ojo, que en abril del 2021, cuando ya había 75.000 muertos por covid, Alberto Fernández le mandó una carta al CEO de AstraZeneca, Pascal Soriot, para que se pusiera las pilas y mandara alguna vacuna. ¿La respuesta? Bueno, coso.

Recién con casi 60.000 muertos, en febrero del 2021 Argentina compra a China 4 millones de dosis de la Sinopharm, después compraría 23 millones más. Hay que decir que fue la que mejor entregó, más rápido y en la cantidad acordada, pero… mientras que la AstraZeneca costaba 8 dólares por persona (en realidad más, porque nunca llegaron) y la Sputnik 19,90, la china le salió al país 40 dólares por persona.

Las últimas Sinopharm llegaron en septiembre del 2021.

Un año y tres meses después del ofrecimiento de Pfizer, que hubiera salido 24 dólares por argentino. Sí, 16 más barato que la china e inconmensurablemente menos que la AstraZeneca que nunca llegó. Y eso por no hablar de la categoría de las vacunas que la Sputnik ni Putin que dice que peleó con un oso se la quería poner.

Ahora bien, ¿quién paga por todo esto? ¿Quién tomó las decisiones? ¿Para beneficiar a quién?

En abril del 2021 se abrió por una denuncia de un particular una investigación por una “posible defraudación al Estado/malversación de caudales públicos/incumplimiento de deberes de funcionario público”.

Hubo allanamientos en el Ministerio de Salud en AstraZeneca/mAbxience y fue imputado, aia, no sé si decirlo porque dicen que es un tipo muy vengativo, Hugo Sigman. El juez era Julián Ercolini y el fiscal Guillermo Marijuán.

¿Qué pasó con esto?

Coso.

Se diluyó y fue absorbida por la causa más grande que hoy lleva el juez Ariel Lijo y el fiscal Carlos Stornelli.

Digan si no es apasionante ver cómo todos y cada uno de estos nos tomaron de boludos y acá no ha pasado nada, sí, si fuera español me estaría riendo; vamos al tema Sigman, Dios nos ampare.

¿Por qué lo imputaron a Sigman, señor tan maravillosamente bueno que nos ha permitido gozar de Relatos salvajes o La odisea de los giles y series como El Eternauta y El reino, con su productora K&S que le asegura además que la perfumada colonia artística, siempre tan dispuesta a denunciar injusticias, chito la boca?

Según esta nueva causa, Hugo Sigman era el “denominador común” de una supuesta matriz de corrupción en las compras de vacunas, por haber influido (a través de sus conexiones) para que el Gobierno demorara intencionalmente el acuerdo con Pfizer para favorecer contratos con laboratorios que tenían socios locales en Argentina, especialmente AstraZeneca (su empresa mAbxience producía el principio activo) y en menor medida Sinopharm y Sputnik.

Sigman se defiende, con razón, diciendo que él no tuvo ningún contrato con el Estado argentino, que él no es AstraZeneca y que lo que él hacía con su empresa mAbxience era el principio activo de la vacuna AstraZeneca, que enviaba a México y que de allá tenía que venir la vacuna. Que si no vino, no es culpa de él, porque él entregó el principio activo.

Y sí, tiene razón.

El temita de que AstraZeneca cobró del Estado argentino y esa plata terminó en los bolsillos de Sigman es un detalle que no va a tirar por la borda tantos años de… de… de coso.

Otro detallecito es que por ese contrato la empresa de Sigman, que surgió durante la pandemia, multiplicó su valor, permitiéndole vender una parte mayoritaria por más de 550 millones.

Ahora bien, cómo son cuando se encarnizan contra una persona, eh. Stornelli no sólo habla de Sigman, sino también de su esposa Silvia Gold (no hay constancia de que sea pariente de Gold Silver, googleen mocosos).

Es que la buena de Silvia es presidenta de la Fundación Mundo Sano.

¿Es eso un delito, señor Stornelli?

No, claro que no.

Hay algunos detalles, ponele.

Silvia fue jefa entre el 2003 y el 2013 de Sonia Tarragona, la funcionaria que mirá tú por dónde fue clave en la negociación con Pfizer. La fiscalía, que es mal pensada, ve en esto un canal de influencia entre el Gobierno de Alberto Fernández y el Grupo Sigman.

¿Qué tenemos entonces?

Que mientras los argentinos morían como moscas, encerrados y golpeados y hasta muertos por las policías ante la cacería que prohijaba Alberto Fernández por televisión, mientras recibía aplausos de, entre otros, Verónica Lozano (decenas de muertos, olvidados), algunos vivos se dedicaban a hacer negocios y ver cómo conseguir algunos millones de dólares más.

En España a Ábalos le metieron 24 años de cárcel y el Gobierno está tambaleando, es cierto, no sólo por este caso, pero también por este caso.

Acá, la causa está en plena etapa de instrucción, específicamente en la fase de declaraciones indagatorias.

Todavía no hay procesamientos firmes ni elevación a juicio oral. Se están tomando las indagatorias de los principales involucrados.

Como queda dicho, lo que supone la fiscalía es que existió una “matriz de corrupción, tráfico de influencias y conflicto de intereses” que demoró intencionalmente las negociaciones con Pfizer (que ofrecía dosis tempranas) para favorecer contratos con laboratorios que tenían socios locales en Argentina.

Los imputados son Carla Vizzotti, exministra de Salud, por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes por priorizar ciertos contratos y demorar Pfizer.

Declaró la semana pasada, bah, “declaró” es una manera de decir.

Llegó al juzgado de Comodoro Py, entregó el escrito en la secretaría y se retiró sin hacer declaraciones a la prensa. Dijo “¿yo señor? No señor” y chaupicho.

Otro imputado es el doctor Pedro Cahn, que el 3 de junio se presentó con su abogado Ricardo Gil Lavedra. A Cahn no se le imputa responsabilidad directa en las decisiones de compra, pero sí se lo investiga por su rol como asesor de Alberto Fernández y miembro del comité de expertos, por la participación de su Fundación Huésped en los ensayos clínicos de fase 3 de Sinopharm (subcontratada por Elea Phoenix de Hugo Sigman); porque Huésped subcontrató a Vacunar S.A. (donde había trabajado Carla Vizzotti) y por posible conflicto de intereses por recibir pagos por esos estudios mientras asesoraba al Gobierno.

También negó todos los cargos, explicó que el comité no recomendó vacunas y que no tenía relación personal ni con Vizzotti ni con Sigman. Sí contestó las preguntas del juez.

Hugo Sigman y Silvia Gold ya fueron citados desde mayo pero aún no se presentaron porque están en España, pidieron declarar por Zoom pero no se les permitió. La nueva fecha es este lunes, 29 de junio. ¡Qué naaarvios!

También son imputados y tienen que declarar la inefable Cecilia Nicolini (¡cómo olvidar su amoroso “Dear Anatoly”!, el mayor acto de traición a la patria después del memorándum con Irán) y varios más.

Pero claro, el devenir nacional hace que un escándalo tape a otro y ese a otro y ese a otro y el hecho de que miles de compatriotas hayan muerto porque un puñado de desgraciados quisieron sumar algunos millones de dólares a su patrimonio —siempre en nombre del pueblo trabajador, faltaba más— nos deja acá, preguntándonos qué sería de este país si no fuera por nosotros, que votamos a estos monstruos y después ponemos cara de perro que volteó la olla.

Al final, de algo me sirvió tanto seguir la actualidad española.

Que corrupción hay en todos lados, somos humanos, somos así. El tema es cuán viva está una sociedad para denunciarlo y curarse. El ecosistema de medios español —atacado duramente por el Gobierno, como acá desde hace años— trabajó en las peores condiciones durante mucho tiempo para que hoy un ministro reciba una condena de 24 años.

El sistema judicial no miró para otro lado.

Como en “piedra, papel o tijera”, sistema judicial y periodismo libre pueden contra la corrupción. Pero si periodismo o sistema judicial se unen a la corrupción, o peor aún si los dos se unen a la corrupción, ya no hay salida.

¿Alguien cree que alguien recibirá 24 años de cárcel por lo que nos hicieron con la vacuna?

¿Viste?

Así estamos.

Si fuera la payasa Filomena, me preocuparía.

Es que alguien tiene que caer.

Revista Seúl