EL NEGOCIO DE LA NOCHE EN CÓRDOBA

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Un imputado, que reconoció los delitos y fue condenado, dio nombres y las presuntas maniobras corruptas

Por

María Ester Romero

Miguel Siciliano mencionado pero no investigado. 

Aparecen chats con el abogado Ricardo Moreno.

¿tráfico de influencias?

La megacausa “Bomberos”, cuya elevación a juicio fue confirmada por la Cámara de Acusación, aporta datos sustanciosos sobre el negocio de la noche de Córdoba, vínculos de un empresario y un alto funcionario político. A raíz del efecto dominó del femicidio de la adolescente Agostina Vega y las sospechas sobre posible circulación de drogas y trabajo sexual en el bar Wachitas, este medio buscó en la causa Bomberos qué había sobre la actividad comercial nocturna y a quiénes rozan las sospechas de presunta corrupción a partir de certificados falsos de Bomberos para obtener habilitaciones de la Municipalidad de Córdoba. No hay referencias a Wachitas, pero sí a otros boliches. El nombre que sobresale es Marcos Gennaro.

En la causa hay 16 acusados, de los cuales tres confesaron los delitos en juicios abreviados. A la cabeza de la presunta asociación ilícita figura el exjefe de Bomberos, Gustavo Folli Pedetta, quien continúa detenido, no cuestionó la elevación a juicio y espera esa instancia para demostrar su inocencia. Así lo hizo saber oportunamente su defensor. La causa instruida por el fiscal Guillermo González fue confirmada por el Juzgado de Control y la Cámara de Acusación.

En el devenir de la investigación un imputado “arrepentido” vinculó a Gennaro con Miguel Siciliano, mientras era secretario de Gobierno municipal durante la intendencia de Martín Llaryora en Córdoba. No hay hasta aquí una investigación abierta sobre el funcionario a partir de esa mención.

Marcos Octavio Gennaro (49) está acusado de encubrimiento agravado con ánimo de lucro y uso de documento público falso por la habilitación irregular del bar Vlack, ubicado en Marcelo T. de Alvear 595.

Según la Justicia, Gennaro recibió de autores aún no identificados un certificado de inspección final contra incendios adulterado. El documento contaba con un sello y una firma imitativa del comisario inspector Guillermo Giraudo que, según las pericias caligráficas oficiales, no corresponden a su puño y letra.

Conociendo la irregularidad, el empresario presentó el documento en la Dirección de Espectáculos Públicos de la Municipalidad de Córdoba para obtener sucesivas habilitaciones provisorias, a pesar de que los relevamientos técnicos posteriores detectaron que el lugar no cumplía con condiciones críticas de seguridad.

El “dueño” de la noche de Güemes

Gennaro no es un actor menor en el rubro de entretenimiento. El expediente —sobre las afirmaciones del arrepentido— lo describe como un “conocido propietario de locales bailables” que manejaría, a través de su grupo empresario, cerca del 80% de los bares de Barrio Güemes, como Club Paraguay, Chili, Botton y Fruta, además del mencionado Vlack. Su ascenso empresarial quedó bajo la lupa judicial tras la declaración del imputado “arrepentido” Leandro Gastón Rodríguez, exjefe de división de los inspectores municipales, condenado a dos años de prisión condicional en un juicio abreviado.

Uno de los tramos más explosivos de la causa surge del acuerdo de colaboración —Ley del Arrepentido— firmado por Rodríguez, quien aseguró que Marcos Gennaro mantenía un “vínculo muy estrecho” con Siciliano.

Según ese testimonio, lograba el funcionamiento de sus bares “sin inspección municipal alguna” gracias a este contacto político de alto nivel. Pero la denuncia fue más allá: Rodríguez relató que parte de lo recaudado en estos establecimientos —que operaban con la “vista gorda” de los inspectores— era presuntamente entregado a Siciliano para financiar campañas electorales. Además, mencionó a Agustina Paz, exdirectora de Habilitación de Negocios, como otra pieza clave en el esquema de protección oficial a las empresas de Gennaro.

El actual Secretario de Control y Fiscalización, Pablo Hormaeche Actis —testigo en el expediente— aportó indicios de la connivencia del empresario con inspectores al relatar que, cuando decidió rotarlos de sus áreas, recibió quejas directas tanto de los empleados como del propio Gennaro, cuyos locales empezaron a ser controlados por personal fuera de su “zona de confianza”.

¿Una maniobra de expansión coercitiva?

De acuerdo a los testimonios, el empresario ofrecía comprar fondos de comercio de locales vecinos. Si los dueños lo rechazaban, esos locales comenzaban a sufrir un “calvario” de inspecciones municipales recurrentes, ruidos molestos y clausuras estratégicas. Una vez que el negocio se volvía inviable por la presión estatal, el grupo de Gennaro pasaba a adquirir la “llave” del negocio a un precio vil.

Este medio también confirmó —por fuentes fuera de la causa judicial— la mecánica utilizada. Bares que no conseguían las habilitaciones hasta que Gennaro ingresaba como “socio capitalista”. Frente a la contundencia de las pruebas, su defensa intentó despegarse de la asociación ilícita, dijo haber actuado “de buena fe” y se declaró una “víctima de Bomberos”, alegando que confió en una gestora —Melanie Aylen Rosas, pareja de otro de los imputados, el oficial Marcos Luquez— para agilizar sus trámites.

Para la Justicia, necesitaba el certificado “como sea” para evitar la clausura y, a sabiendas de su origen espurio, lo utilizó para engañar al fisco municipal.

Un “conocido abogado”

Ricardo Moreno —el concejal que renunció después de la detención de Barrelier, a quien patrocinó para ingresar como becario a la Municipalidad de Córdoba— también es mencionado en la causa Bomberos. En el teléfono de Folli, aparecieron mensajes pidiendo “una mano con una gente amiga que está por abrir un bar en Nueva Córdoba”. En ese momento Folli era director de Defensa Civil municipal, reenvió ese audio al entonces director de Bomberos, Martín Castro.

Las gestiones estaban relacionadas con el local bailable Fruta. En una comunicación posterior, Moreno le agradeció a Folli y le pidió que apurara la gestión. El exjefe policial insistió ante el director de Bomberos para que se comunicara con Moreno, resaltando que era una persona con muchos contactos y que le “serviría” hablar con él.

La fiscalía citó este episodio como un ejemplo del modo “totalmente internalizado, instaurado, naturalizado e institucionalizado” en que Folli manejaba sus influencias y contactos.

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