LA IMPUNIDAD DE LOS PODEROSOS

OPINIÓN

El planteo del diputado Pichetto, es escandaloso porque revela una concepción oligárquica del poder desdeñando principios republicanos fundamentales como lo es la igualdad ante la ley

Por Roberto Azaretto

El Artículo 36 de la Constitución Nacional establece: “Esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiera su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos.

Sus autores serán pasibles de la sanción prevista en el Artículo 29, inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas.

Tendrán las mismas sanciones quienes como consecuencia de estos actos, usurparen funciones previstas para las autoridades de esta Constitución o la de las provincias, los que responderán civil y penalmente de sus actos. Las acciones respectivas serán imprescriptibles.

Todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia contra quienes ejecutaren los actos de fuerza enunciados en este Artículo.

Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos.

El Congreso sancionará una ley sobre ética pública para el ejercicio de la función.

La Constitución en su reforma de 1994 incluye con este artículo una defensa de la democracia; declara nulos las acciones que puedan generar los que llegaran al poder por golpe de estado inhabilitando a perpetuidad a los golpistas, les niega la posibilidad de indultos futuros y castiga también con severidad la corrupción con el enriquecimiento ilícito. Además, reconoce el derecho de “resistencia a la opresión” de los ciudadanos, derecho que propone ya en el siglo XVI el sacerdote jesuita Francisco Suárez.

Esta referencia al artículo 36 de la Constitución viene al caso por la propuesta del diputado nacional Miguel Ángel Pichetto de que el Congreso revise y declare nulo los fallos judiciales que condenaron a la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner a prisión y a inhabilitación perpetua por sus ilícitos.

No es motivo de esta nota analizar las causas judiciales que provocaron esas condenas, pero no puede dejar de decirse que cuando los secretarios privados, que fueron dos o tres, acumulan fortunas que superan los cien millones de dólares cada uno, nadie puede dudar que al que asisten se apropió delictualmente de muchísimo más.

El planteo del diputado Pichetto, es escandaloso porque revela una concepción oligárquica del poder desdeñando principios republicanos fundamentales como lo es la igualdad ante la ley. En tiempos donde las palabras pierden significado y los conceptos se confunden, lo que propone el político rionegrino es la impunidad para los poderosos. También desconoce otro principio básico de la república como lo es la división de poderes al pretender que el Congreso revise fallos judiciales,

Digo oligárquica en el concepto de la palabra que le dio Aristóteles, que es la deformación de las elites dirigenciales. Una salida cómoda que tuvieron esas élites para confundir es cambiar el significado de la palabra oligarquía como hemos señalado en alguna columna anterior. Desde el libro de Jacinto Oddone sobre la Burguesía Terrateniente de los años treinta la palabra pasó a ser sinónimo de gran propietario rural o de perteneciente a una familia de antiguo arraigo en el país. Nada que ver con lo escrito por Aristóteles.

Tal vez el tema del poder con franqueza brutal lo definió Alfredo Yabrán cuando respondiendo a la pregunta de Mariano Grondona sobre qué era el poder contestó: Impunidad. Es lo que buscan quienes ocupan posiciones públicas como lo observamos en las gestiones de los gobernadores para lograr el nombramiento de jueces federales amigos, aunque en los concursos sus exámenes muestran su escasa formación o las reformas constitucionales con el solo objeto de prolongar la permanencia en el poder o facilitar las de sus familiares.

La igualdad ante la ley se impuso incluso en monarquías constitucionales, concluyendo con la impunidad de políticos como lo vemos ahora en España donde un ministro acaba de ser condenado a 19 años de prisión y la esposa del presidente del gobierno está imputada y con el pasaporte retenido. Algo que ocurre también en la familia real que ha tenido preso por varios años a un yerno del rey Juan Carlos y cuñado del actual monarca. Y en el Reino Unido de Gran Bretaña hace pocas semanas se vio a un hermano del rey Carlos III trasladado a una oficina policial entre dos agentes para prestar declaración en los expedientes vinculados al caso de Jeffrey Epstein.

El nombramiento como ministro de Justicia de Juan Bautista Mahiques, las restricciones a la información pública con el decreto 784 /2024 o las modificaciones al decreto 222/ 2003, muestran que el oficialismo comparte esa concepción oligárquica de preservación de los intereses de la casta política o de otras vinculadas, como ciertos sectores judiciales o los impresentables dirigentes de la AFA.

LOS ANDES