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EDITORIAL

La Justicia le puso freno al cura y diputado ultrakirchnerista Juan Carlos Molina

Por Walter R. Quinteros

Juan Carlos Molina, es un sacerdote católico argentino, ahora diputado por Santa Cruz, que había sido designado por la expresidente Cristina Fernández de Kirchner como titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico en noviembre de 2013. El jefe de Gabinete era Capitanich.​

Cualquier cosa.

Creó la Fundación Valdocco, que posee cuatro hogares que todavía dirige: 

En Chaco; Uno en Puerto Bermejo dedicado a la rehabilitación de jóvenes adictos. Otro para asistencia a aborígenes en el Impenetrable. 

En Santa Cruz; Uno para niños y adolescentes en Cañadón Seco.

En Haití: Para niños huérfanos. (No especifica qué lugar de Haití).

Dichos hogares se mantienen gracias a la ayuda estatal. Cabe aquí señalar que todo el mundo es bueno con dinero ajeno.​

El Hogar Valdocco, una casa para chicos, que después bautizó como "Pibes de la Patagonia", se levantó en un predio donado por Repsol-YPF. Todo de arriba.​

Fue asesor ad honorem de la exministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner.

​En mayo de 2015 presentó su renuncia como titular de la Sedronar.

Ahora es diputado.

Cualquier cosa.

Había solicitado un amparo que obligaba a la provincia del Chaco a seguir financiando a la Fundación Valdocco, donde él se asignaba otro sueldo. 

Aparte del sueldo de diputado.

Cristina Fernández viuda de Kirchner, se sacaba fotos con él, le sonreía, lo mimaba, y le dedicaba algunas publicaciones en sus redes sociales. Todavía están a la vista.

Cualquier cosa.

La Cámara de Apelaciones de Resistencia, Chaco, hizo algo poco frecuente cuando se trata de estructuras asociadas al kirchnerismo; miró los papeles, contó las personas y le cerró la canilla.

Pero el diario Chaco supo publicar en octubre del año pasado que el cura Juan Carlos Molina, fue denunciado en la justicia federal por liderar una banda criminal dedicada a la "Trata de personas con fines de explotación", entre otros graves cargos.

La denuncia fue expuesta por el periodista Eduardo Feinmann en el canal A24.

Según la presentación de más 30 páginas, Molina y su organización trasladaban niños desde Chaco hacia Santa Cruz, inflando el número real de menores para cobrar fondos. En ese contexto, los acusadores denuncian que el cura manipulaba registros con documentos adulterados, y operaba una red estructurada que funcionaba como una "asociación criminal".

¡Ánima bendita me arrodillo en vos!

Cargos:

1) Trata de personas con fines de explotación (artículos 145 bis y 145 ter del Código Penal, más Ley 26.842)

2) Falsificación de documentos públicos y privados (artículos 292 y 293 del Código Penal)

3) Asociación ilícita (art. 210 del Código Penal)

4) Defraudación a la administración pública (arts. 172 y 174 inc. 5 del Código Penal)

La denuncia contiene nombres, fechas, rutas de movilización y vínculos documentados entre los implicados.

Además, el cura Molina es conocido por sus fuertes declaraciones, como cuando defendió la "no criminalización" del consumo de drogas.

O cuando comparó a Pablo Escobar con "Robin Hood".

Cualquier cosa.

La Fundación Valdocco ya era objeto de denuncias provinciales por supuestas irregularidades en el manejo de fondos públicos, lo que derivó en causas en los juzgados provinciales de Caleta Olivia y Río Gallegos.

La cuestión es que en Chaco, la decisión judicial avaló al gobierno provincial para suspender los aportes públicos. 

Mientras que ahora se avanza en una causa que investiga pagos de salarios a docentes que no prestaban servicios efectivos y la duplicación de sueldos entre Chaco y Santa Cruz.

En ambas provincias se detectaron más de 70 docentes cobrando doble, incluido el propio Molina como director de la institución. 

Sume, saque cuentas.

La Cámara fue lapidaria. 

La fundación Valdocco no pudo acreditar la existencia real de los cargos docentes que decía sostener: solo presentó documentación respaldatoria de siete maestros, pese a que recibe fondos para casi cien. 

Además, los jueces cuestionaron que la fundación se arrogara la representación de la comunidad wichi sin pruebas formales. Inacreditable.

Cuando el discurso épico se enfrenta a la contabilidad, el relato empieza a hacer agua.

Papel y lápiz, matan relato.

Según fuentes oficiales, Chaco transfería más de 130 millones de pesos mensuales en sueldos a la fundación. 

Sin embargo, durante inspecciones realizadas, se constataron que apenas había diez personas trabajando en la sede. El resto, como tantas veces, parecía existir solo en planillas.

Tras el cambio de signo político, y sin Capitanich, en 2024, la administración provincial chaqueña denunció irregularidades en el manejo de fondos y detectó inconsistencias graves entre las partidas para alimentos y el número real de beneficiarios.

Las transferencias rondaban los 500 millones de pesos mensuales.

Grabois, un poroto.

Pero para ellos, el Gobierno es "insensible".

Frente al fallo adverso, Molina activó el libreto conocido. 

Habló de "persecución política y racial", denunció abuso de poder y volvió a colocar en escena a los pueblos originarios como escudo discursivo. 

Incluso anunció que recurrirá al Superior Tribunal del Chaco, a la Corte Suprema y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cuando se corta el financiamiento, la estrategia pasa del expediente a la victimización internacional y coso.

Cualquier cosa.

Desde el gobierno chaqueño lo explicaron así: 

1) Niveles educativos que no funcionaban.

2) Docentes sin alta, y un titular de fundación que hacía campaña en Santa Cruz mientras cobraba como rector en Chaco. 

El fallo no condena penalmente a la fundación, pero marca algo que al kirchnerismo le cuesta aceptar: La asistencia social no habilita desorden administrativo ni privilegios eternos. La Cámara exigió que la fundación informe el número real de beneficiarios y dejó claro que el Estado no está obligado a financiar estructuras que no pueden justificar lo que cobran.

Y los números, de nuevo, no cerraron.