SOCIEDAD
Una relación marcada por el atraso y la pérdida de poder adquisitivo

Por Monica Filippi
En 2010, el Congreso de la Nación aprobó la Ley 26.649, que fijaba que los haberes del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones debían representar el 82% del salario vigente del puesto equivalente al desempeñado por la persona en actividad, según la rama laboral correspondiente.
La norma también establecía que la jubilación mínima debía alcanzar el 82% del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), determinado por el Consejo Nacional del Empleo. En ese momento, el incremento proyectado rondaba entre $1.046 y $1.427, lo que implicaba una mejora del 36,4%.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo vetó la ley (Decreto N.º 1482/2010) al considerar que ponía en riesgo la sostenibilidad del sistema previsional y provocaría un déficit estructural en las cuentas públicas. Además, se cuestionó que no se definieran fuentes de financiamiento específicas para afrontar la medida.
Una consigna recurrente
Desde entonces, el 82% móvil se transformó en una bandera política, recurrente en campañas electorales y debates sobre la pirámide previsional. Hoy, en un contexto de ajuste sobre el sistema previsional, que fue clave para alcanzar el ahorro fiscal de 2024, la discusión vuelve a cobrar fuerza.
Con un SMVM fijado en $322.000, la relación entre salarios de referencia y haberes mínimos cambió drásticamente. Actualmente, la jubilación mínima más el bono de $70.000 (vigente desde marzo de 2024) equivale al 119% del salario mínimo, superando con holgura el 82% histórico. Este fenómeno no es nuevo: en 2022 la movilidad fue del 80%, en 2023 del 136% y en 2024 del 117%.
Una paradoja estructural
El hecho de que las jubilaciones mínimas —con bono incluido— superen al SMVM no refleja una mejora real en los ingresos de los jubilados, sino el estancamiento del salario mínimo, que quedó muy por detrás de la inflación. Entre 2024 y 2025, el SMVM subió un 15% (de $279.718 a $322.000), mientras que la inflación de 2024 trepó al 117% y en 2025 ya acumula un 19,5%.
Evolución histórica
En los años ‘90, la movilidad rondaba el 75%; en 2003 escaló al 80%; y en 2010 cayó a un mínimo histórico del 51%. Desde entonces, la tasa de sustitución creció sostenidamente hasta alcanzar su máximo en 2023, con un 130%.
Los datos de las últimas dos décadas evidencian dos tendencias:
-Un atraso sistemático del SMVM, que perdió capacidad de referencia frente a la inflación.
-Una mejora relativa de las jubilaciones mínimas solo cuando se suman los bonos extraordinarios. Sin ellos, en 2025 la jubilación mínima representaría apenas el 80% del SMVM.
Reformas previsionales y pérdida de poder adquisitivo
El DNU 274/2024 instauró la fórmula actual de movilidad, que ajusta los haberes exclusivamente en función de la inflación pasada. Esta política consolidó la pérdida del poder adquisitivo, sin incorporar un mecanismo de recomposición frente al deterioro acumulado en los últimos 15 años.
Desde 2019, los jubilados perdieron en promedio un 35% de su poder de compra real, en un escenario marcado por la inflación, la inestabilidad normativa y la creciente informalidad laboral que debilita el carácter contributivo del sistema.
Un debate pendiente
La situación del sistema previsional plantea la necesidad de un debate profundo sobre su equilibrio contributivo y distributivo, con el objetivo de garantizar sustentabilidad, equidad y un nivel de vida digno para los adultos mayores.
Informes técnicos y ciudadanos sobre esta problemática pueden consultarse en el sitio de la Fundación Éforo.
Tribuna de Periodistas
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